Los periodistas trabajan precarizados y expuestos al COVID-19 en México

​Un periodista usa una mascarilla protectora y guantes durante un evento de prensa del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el 3 de abril de 2020. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Opinion by Témoris Grecko

Témoris Grecko es autor de los libros ‘Ayotzinapa. Mentira histórica’ y ‘Killing the Story’, guionista de los documentales ‘MirarMorir. El Ejército en la noche de Iguala’ y ‘No se mata la verdad’.
La intensificación invernal de la pandemia encuentra a los periodistas en México tan vulnerables como cuando la crisis del COVID-19 comenzó, en marzo del año pasado. Las empresas para las que trabajan enfrentan problemas económicos significativos, sin duda, pero han optado por proteger sus ganancias y no a sus empleados, exigiendo la “solidaridad” de los que no han despedido, imponiéndoles —y sosteniendo indefinidamente— recortes a sueldos ya exiguos, mientras los envían a realizar coberturas sin ninguna protección.

​México ya es el país más mortal del mundo para ejercer el periodismo y se ha convertido en una profesión de aún mayor riesgo ante el contexto del coronavirus. Las historias que hay que contar están en los hospitales, las casas funerarias, los hogares de las personas enfermas o que fallecieron, o en otros sitios de alto riesgo.

Sin embargo, no hace falta que el reportero ande tras la pista del coronavirus: todos los eventos que no se realizan por vía digital presentan un importante riesgo de contagio. Pero son muy pocos los medios que invierten en equipos de protección para sus periodistas. La mayoría espera que ellos mismos se los compren, aunque la paga que reciben sea menor.

Al 31 de diciembre, la organización Artículo 19 contaba 52 periodistas muertos por COVID-19 en el país. Muchos más yacen con complicaciones graves de largo plazo o permanentes.
Además, han aumentado los despidos y no hay perspectivas de que los puestos destruidos se vayan a recuperar. La mayor parte de periodistas que padecen recientemente el desempleo enfrentan una pandemia tan larga como desoladora y quienes aún tienen trabajo, ante el temor de formar parte del desempleo, deciden no comunicar los abusos.
A falta de investigaciones exhaustivas, se han realizado algunos sondeos parciales para tener una idea de cómo está afectando la crisis sanitaria a las y los periodistas a nivel laboral y de protección.
De las 1,400 personas entrevistadas en 125 países para el proyecto Periodismo y Pandemia, realizado por el Centro Internacional para Periodistas y la Universidad de Columbia, 95% dijo que el medio para el que trabajan no le dio equipo de protección personal; 77%, que no le entregó toallas desinfectantes; 69%, ni agua ni jabón; 49%, desinfectante de manos; 45%, cubrebocas; y 30%, ninguno de los anteriores.

De las personas encuestadas, 21% tuvo recortes de salario y 18% perdió su empleo, estaba suspendido o trabajaba para medios que cerraron: en suma, dos de cada cinco periodistas dejaron de laborar o cobraban menos.
En México, el colectivo Periodistas de a Pie hizo un sondeo con 105 periodistas, aquí 10% se vio obligado a buscar otro empleo dentro del gremio y otro tanto igual tuvo que dejar la profesión. Solo 34% consideró que su medio había tomado medidas adecuadas de seguridad sanitaria.
El ejercicio más minucioso, por cubrir con relativa amplitud un universo más pequeño, es el de la Red de Periodistas del estado de Quintana Roo, con 65 entrevistas realizadas, donde 58% tuvo recortes salariales: a 20 personas les bajaron de la tercera parte a la mitad del sueldo y a cinco, hasta dos terceras partes. Un 35% recibió amenazas de despido y 74% no recibió de su empresa equipo de protección.
El caso de Ezequiel Lizalde, un periodista del estado de Baja California Sur, es representativo. Trabajaba para CPS Media, empresa que tiene diarios y estaciones de televisión y radio en Baja California Sur y Jalisco, y es propiedad de Fernando González Corona, exalcalde del municipio de Puerto Vallarta y esposo de la exsenadora Eva Contreras. CPS Media no es un pequeño periódico luchando por sobrevivir.
La Red Baja California Sur de Periodistas denunció que CPS Media no implementó medidas de distanciamiento social, reestructuración de turnos ni teletrabajo para reducir el contacto; aplicó despidos masivos sin liquidación al 100% y reducciones de sueldo de 28% “por solidaridad con la empresa”.
A partir de marzo Ezequiel Lizalde, reportero de tiempo completo, con prestigio local y 44 años de edad, pasó de cobrar 2,624 pesos a 1,519 pesos netos a la quincena, es decir poco más de 3,000 pesos (150 dólares) al mes.

Lizalde fue internado por COVID-19. Al ser dado de alta, el 18 de septiembre, tenía la opción de pedir incapacidad laboral, pero eso significaba perder otra parte de su salario. Renunció a su derecho porque pensó que podría convencer a sus jefes de que le permitieran trabajar desde casa. Se lo negaron.
En un video del 11 de octubre, contó que sufría de taquicardia, insomnio, dolor de cabeza, depresión, cansancio crónico, sofocamiento y ataques de tos que lo derribaban. Sus colegas se alarmaban al verlo en eventos. Se debilitó: la falta de oxigenación en sus piernas lo hacía caer y empezó a usar un bastón.
El director de información de CPS, Hugo Lynn, me dijo en entrevista que “el daño pulmonar de Ezequiel no resultaba evidente, se requerían de estudios radiológicos para determinarlo”. También, que nunca lo enviaron a cubrir eventos, solo le pedían tareas de oficina, pero Lizalde aparece haciendo una pregunta en el minuto 20:56 del video de una conferencia de prensa del 10 de octubre.

Accedieron a permitirle trabajar desde casa hasta el 16 de octubre. El 23 fue hospitalizado por 12 días, e ingresó de nuevo el 20 de noviembre. El 25, sus amigos y compañeros realizaron una caravana de protesta por su muerte, que sucedió el día anterior.

“Insistimos en el llamado a todas las autoridades a investigar y sancionar lo que corresponda”, declaró la Red de Periodistas, pues este caso “evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran miles de trabajadores en todos los sectores. Que la muerte de Ezequiel nos lleve a la reflexión y la actuación, no más simulación”.
Las autoridades y las empresas de medios son corresponsables en esta situación que viven periodistas en el país, y deberán actuar para que la precarización y la muerte no les sigan acompañando.

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Publicado en The Washington Post