Periodistas asesinados en México en 2019. La crisis de la 4T en materia de libertad de expresión

Son ya 11 los periodistas asesinados en México en lo que va de 2019 y 13 en tiempos de la llamada Cuarta Transformación (4T), desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República el primero de diciembre de 2018, según información publicada por diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, y de organizaciones dedicadas a la protección de periodistas, lo que califica a México como uno de los países más peligrosos del orbe para ejercer la profesión periodística, por encima de países donde la violencia extrema deriva de conflictos bélicos.
​
Datos de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, señalan que México sigue siendo una de las naciones más mortíferas en el mundo para los medios de comunicación, ya que ocupa el puesto 144, de un total de 180 países evaluados en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019, tres sitios más arriba en comparación con 2018 (en escala negativa), que se situó en la posición 147 del ranking.

La libertad de prensa en el mundo 2019. Imagen: Cortesía de Reporteros sin Fronteras

“Si los periodistas cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades (sobre todo los gobiernos locales) o con el crimen organizado, padecen intimidaciones, agresiones, pueden ser asesinados a sangre fría. Numerosos periodistas han desaparecido en el país; muchos otros se han visto obligados a exiliarse para ponerse a salvo. La impunidad, que se explica por la corrupción generalizada que reina en el país, alcanza niveles récord y alimenta el círculo vicioso de la violencia”.

Realidad que se manifiesta en México, debido a que registra los mayores índices de asesinatos de informadores en países que no padecen una guerra, incluso por encima de Afganistán, Paquistán, Somalia y Siria, que registran tres casos por país en lo que va de 2019, y que sí padecen algún tipo de conflicto armado.
​
En 2018, con Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo Federal, se sucedieron ocho asesinatos de periodistas, lo que situaba a México en un calamitoso segundo lugar de las naciones con más asesinatos de comunicadores, además del historial negro adjudicado por los periodistas asesinados en años anteriores, 47 en su sexenio, y que pusieron a México en el ojo del huracán de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Periodistas asesinados en México 2018. Imagen: Cortesía de Reporteros sin Fronteras

Reporteros sin Fronteras, en su Barómetro de las violaciones de la libertad de prensa, señala que ellos documentan los casos de profesionales de los medios de comunicación en los cuales pudieron confirmar que fueron asesinados debido a su labor periodística, y no incluyen los casos en que los periodistas fueron asesinados por motivos ajenos a su profesión o aquellos en los aún no se ha podido verificar si había una relación con su trabajo.
​
Las cifras de periodistas asesinados en México en 2019, debido a su tarea profesional de informar, 10 registrados, se enlistan en su barómetro, que va de enero a agosto; de igual manera lo hace para 2018, en el que se puede constatar el asesinato registrado en diciembre de ese año, ya en el gobierno de AMLO, y se pueden consultar en el portal de Internet de la organización defensora.
​

Periodistas asesinados en México 2019. Imagen: Cortesía de Reporteros sin Fronteras

Por su parte, los registros realizados por Artículo 19 documentan el asesinato de 10 periodistas en 2019, y 11 desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, medición hecha hasta agosto del presente; además señala que del año 2000 a la fecha, ha documentado 131 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor, y señala que del total, 121 son hombres y 10 son mujeres.

La Oficina para México y Centroamérica de la organización inició operaciones en 2006, y en su portal de Internet se define como una:

“Organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia”.

Los datos de periodistas asesinados, reportados por Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras, difieren en tres casos documentados entre ambas partes; la primera informa sobre Samir Flores Soberanes, de Radio Amiltzinko 100.7 FM, asesinado el 20 de febrero, en Morelos, y de Edgar Alberto Nava López, de La Verdad de Zihuatanejo, asesinado el dos de febrero, a quienes la segunda no reporta; mientras que sí lo hace con Omar Iván Camacho Mascareño, de Évora Sport, asesinado el 25 de marzo, en Sinaloa, y la primera no lo documenta.

Datos publicados por el periódico El Universal, señalan que México concentra el 38.46 por ciento de los periodistas asesinados en el mundo, cifra alarmante en la lucha por la protección de las personas dedicadas a las tareas informativas y el establecimiento de mecanismos eficaces para su protección o el robustecimiento y aplicación certera y eficiente de los ya existentes.

En lo que va de 2019 la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), también ha documentado el asesinato de 11 periodistas, pero a diferencia de las anteriores organizaciones, ésta reporta el caso del locutor de medios locales Reynaldo López, asesinado el 16 de febrero en Hermosillo, Sonora. La Fiscalía General de Justicia de Sonora emitió un comunicado en el que descartaba que el ataque tuviera alguna relación con la actividad profesional del locutor y que estaría ligado a ilícitos de “personas cercanas”.

El diario El Economista, reporta en sus páginas el asesinato de 11 periodistas en 2019 y 13 durante el gobierno de AMLO, ocurridos hasta septiembre del presente año en diversos estados del país. El rotativo reporta dos casos que no lo hacen las organizaciones y los medios mencionados anteriormente: Diego García Corona, de Semanario Morelos, asesinado el 4 de diciembre de 2018, en Ecatepec, Estado de México; y de Erick Castillo Sánchez, de Discovery Latinoamérica, ultimado el 12 de septiembre de 2019, en Guerrero.
​
Recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su comunicado de prensa 430, con fecha del 2 de noviembre de 2019, justamente en el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, informó que en los últimos 11 meses se han cometido 13 crímenes contra periodistas (Gobierno de AMLO), mientras que desde el año 2000 se han perpetrado 153 asesinatos de periodistas, de los cuales 16 eran mujeres, así como la desaparición de 21 informadores desde 2005 y el atentado contra 53 instalaciones de medios de comunicación desde el año 2006.

Día Internacional para poner Fin a la #Impunidad de los Crímenes contra #Periodistas #NoMásImpunidad

Hacemos un llamado a las autoridades para que resuelvan casos de crímenes contra #Periodistas que aún permanecen en la impunidad. □ https://t.co/XdVNM0S4ZL pic.twitter.com/HKpS0zUERT

— CNDH en México (@CNDH) November 2, 2019

Todas esas cifras que presentan los medios de comunicación y las organizaciones encargadas de la protección de periodistas, dan al traste con los derechos humanos en México en materia de libertad de expresión, colocan al país como el número uno en asesinatos de periodistas y lo sitúan como el más peligroso del mundo para ejercer la profesión  periodística.
​
La violencia en general se ha desbordado, derivado de diversos fenómenos sociales que el país ha arrastrado a lo largo de muchos años, así como de la reconfiguración de los mismos cuando existe un cambio de administración o la vulnerabilidad del Estado. Es también derivada de la irresponsabilidad del Gobierno Federal para garantizar los derechos más elementales de los ciudadanos, cuando las políticas de combate a la misma no son las adecuadas o no existen las vías para aplicarlas correctamente o simplemente desaparecen.

En el caso de la violencia contra los medios de comunicación y el asesinato de periodistas en México, es sin duda una de las ramificaciones de la violencia en general que padece el país; no obstante, si no se garantizan o no existen los mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión, uno de los más elementales para vivir en sociedad, la actual administración pasará de una crisis que padece actualmente y puede resolver, a un elemental fracaso.
​
Este primer año de gobierno de AMLO ha sido el más cruento para el periodismo, con 13 asesinatos, sólo equiparado con 2016, en el cuarto año de la administración de Enrique Peña Nieto, que reportó la misma cifra de asesinatos. Las exigencias y recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales van encaminadas a proteger el ejercicio de los comunicadores y periodistas por el hecho de que con la garantía de la libertad de expresión se construye democracia y se garantizan los derechos humanos de toda la sociedad en su conjunto.

AMLO y la libertad de expresión

Poco tiempo después de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia de la República en diciembre de 2018, se comprometió a detener los asesinatos contra periodistas y robustecer los mecanismos de protección a que tienen derecho; sin embargo, hasta el momento no se ha hecho nada para detener esta oleada de crímenes contra informadores, además de la violencia que lastima a la sociedad en general, derivada de diversos factores sociales.

Por el contrario, existe un encono verbal contra los medios de comunicación que más que ayudar a la solución de conflictos y el establecimiento de reglas claras en la relación entre la Presidencia de la República con los propios medios, abona a la confrontación y delinea un deterioro de las políticas de comunicación social al punto que Artículo 19 ha advertido que los dichos y expresiones del presidente pueden estimular posibles ataques contra periodistas.
​

Velada periodistas asesinados. Imagen: Cortesía Lucía V Vergara G

Estas observaciones que la organización realizó a 100 días del gobierno en turno, se dieron en el contexto de las confrontaciones que el presidente ha tenido con los medios de comunicación en las conferencias matutinas y a las calificaciones y expresiones que titular del Ejecutivo Federal hace sobre los medios. “Prensa fifí”, “el hampa del periodismo”, “periodistas chayoteros”, “prensa vendida, alquilada”, “prensa conservadora”, son algunos de los calificativos que AMLO ha dicho y que han devenido desde palacio para señalar a los medios, causando una polarización en la sociedad.

Los vulnerados son la libertad de expresión y el derecho a la información, derechos consagrados por el Artículo 6º Constitucional y garantizados por el Estado Mexicano, y que representan los pilares fundamentales de la construcción de una democracia y de un estado de derecho.

La CNDH define que:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos; de frecuencias radioeléctricas; de enseres y aparatos usados en la difusión de información; mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
​
En este sentido, resultan intrigantes las declaraciones que el presidente hace cuando alguna pregunta o algún dato expuesto lo incomodan y lo orillan a la descalificación contra el medio y/o periodista y se trasiega bajo el argumento de los “otros datos”. Justamente, el pasado 31 de octubre en su conferencia “mañanera” el presidente citó y utilizó la frase de Gustavo A. Madero: “Le muerden la mano a quien les quitó el bozal”, para criticar directamente a los medios de comunicación que le dieron cobertura al operativo fallido en Culiacán, cuando se capturó y después se liberó a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán”, debido a la forma en que estos cubrieron la información.

Es indispensable que desde diversos frentes se garanticen en México la libertad expresión y el derecho a la información y, por ende, se propugne por una prensa crítica, independiente, capaz de aquilatar todos los claroscuros del gobierno mexicano, en permanente vigilancia y observación de las decisiones de gobierno y del actuar de los funcionarios públicos; construir desde esa trinchera una sociedad más democrática y participativa, a la que todo individuo aspira.
​

El Subsrio. @A_Encinas_R (@SEGOB_mx) da a conocer el Mecanismo de Atención y Protección a Periodistas y Personas Defensoras de DDHH.

Actualmente hay 790 personas — 292 periodistas — bajo la protección del Mecanismohttps://t.co/Gnz2MPL7L4

— Gobierno de México (@GobiernoMX) March 25, 2019

En marzo del presente año, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, presentó las medidas que el Gobierno Federal implementaría para robustecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas:
​

1. Medidas urgentes: para situaciones de alto riesgo, evacuación de personas en riesgo y su reubicación temporal, asignación de escoltas de cuerpos especializados, protección de los muebles en los que se encuentran y todas aquellas medidas que se requieren para salvaguardar la vida, la integridad y libertad de las y los beneficiarios.
2. Medidas vinculadas a cuestiones tecnológicas y físicas: entrega de botones de asistencia con aplicación de localización, equipo celular, radio o telefonía satelital, entre otras.
3. Medidas de carácter preventivo: medidas de capacitación y difusión sobre la importancia sobre el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Sin embargo, hasta agosto de 2019 se han reportado 13 asesinatos de periodistas, sin que exista la real aplicación  de estas medidas para prevenir estos delitos, amén de las declaraciones que se han enarbolado desde los distintos flancos de gobierno.

Recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México (CNDH), en su último comunicado sobre el tema, del 2 de noviembre de 2019, condena los asesinatos contra los periodistas que se han sucedido en la presente administración y llama al gobierno a hacer pronta justicia. Señala en su página de Internet:

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un enérgico llamado a las autoridades de procuración de justicia para que resuelvan los casos de crímenes contra periodistas que permanecen en la impunidad –incluyendo los 13 homicidios ocurridos en los últimos once meses—por falta de investigaciones prontas, diligentes, profesionales y eficaces por las procuradurías y fiscalías del país, que no han tomado en cuenta como línea de investigación el ejercicio periodístico de las víctimas…”

Por otra parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que es “la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio del derecho a la información”, ha tenido severos cuestionamientos desde diversos foros debido a la situación preocupante que acontece en México y la nula capacidad que ha tenido con respecto al trabajo que realiza.

Confrontación con periodistas. Gif de Romarico Fuentes

Organizaciones internacionales como Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de los Periodistas, entre otras, han emitido recomendaciones al gobierno mexicano debido a la violencia que se ha suscitado contra la prensa mexicana, a los asesinatos recurrentes que colocan a México como el primer lugar en ese rubro, y también debido a la falta de garantías para su protección
El futuro para el periodismo en México se ve complicado y se advierte un panorama sombrío si no se trabaja en conjunto entre el Gobierno Federal y los medios de comunicación, así como de organismos autónomos de protección de derechos humanos, especialistas y sociedad civil.
En primer término, se debe hacer hasta lo imposible por castigar a los responsables de los crímenes perpetrados contra periodistas, se debe proteger a los que estén bajo el riesgo de alguna amenaza, sea de donde provenga, y se debe garantizar que los mecanismos de protección existentes y las instituciones dedicadas a la procuración de justicia en este rubro, funcionen sin detrimento de los periodistas y de los medios.
Una de las peores crisis que ha enfrentado Andrés Manuel López Obrador en su primer año de gobierno, y que debe solucionar con la fuerza del Estado, de las instituciones; de lo contrario sus estrategias de combate a la delincuencia y procuración de justicia derivarán en un fracaso descomunal de su administración. Los focos de alerta están encendidos y se debe  actuar ya.

​
Aulabierta proporciona un servicio de consultoría llave en mano aliado para tu corporación con el objetivo de gestar un sistema de capacitación de manera digital para el personal y audiencias específicas. 


Publicado enCrisis del Periodismo